Una noticia curiosa, esta que publicaban ayer en Canarias7 y que compartían con nosotros vía Twitter: Los gigantes del software meten presión al Gobierno. Al Gobierno canario, se entiende. Es la misma canción de siempre.
Según informan en artículo, la presión vendría de «multinacionales de sistemas operativos», que no son de estarse quietas mientas pierden su parte del pastel en el sector público. Y es que la compra de licencias de uso va en caída lenta pero constante, a medida que el software libre se va desplegando en las administraciones.
Se calcula que Canarias ahorrará alrededor de un millón de euros y solo hablamos de software de infraestructura, no de usuario final. Es decir, no hay migración en masa como en el caso de Múnich, pero sí una disposición clara hacia el modelo Open Source que se extiende más allá de las Islas. O más acá, en referencia al resto del Estado.
Así, parece que son varias las Comunidades Autónomas que han recibido cartas de este lobby sin nombre -¿»multinacionales de sistemas operativos»?…- para que tengan presentes sus preocupaciones, y, por supuesto, advirtiendo del peligro de cambiar a soluciones libres y, muy posiblemente, ofreciendo descuentos y tal vez algo más.
Ahora bien, ¿es noticia, esta noticia? El software privativo es imprescindible en los días que corren, no por su modelo de negocio, sino por el propio software, que sigue siendo de difícil sustitución en ciertos casos, y las empresas detrás de éste tienen el derecho de defender su producto. ¿Que mandan cartas? Que las manden. Peores cosas se han visto; mucho peores; muchísimo peores, de hecho.
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