Este miércoles el Gobierno de Extremadura cambió de manos, seis semanas después de las elecciones municipales y autonómicas que se celebraron en España. Una par de semanas antes, el todavía presidente José Antonio Monago (PP) se saltaba a la torera una propuesta y una ley aprobadas por él mismo cuyo resultado está por ver, aunque deja en muy mal lugar la implantación de software libre en la educación que la comunidad había impulsado en los últimos años.
Monago aprobó en 2012 con los votos de la oposición una propuesta por “el uso exclusivo de software libre en los ordenadores del sistema educativo extremeño”, además, con una hoja de ruta concreta que parece no haberse materializado, y que no sería otra que la migración de todos los equipos dependientes del Gobierno a soluciones de software libre: el proyecto Linex, principalmente.
A pocos meses de las elecciones que lo dejarían fuera, Monago aprobó asimismo la Ley de Transición, que supuestamente debería facilitar el cambio de gobierno, por ejemplo, no llevando a cabo contrataciones a destiempo que comprometan al Gobierno entrante. Dicha ley indica que “no podrán suscribir convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la hacienda pública”.
Pero cuando faltaban diez días para las elecciones, el Consejo de Gobierno, ya en funciones, autorizaba la «contratación del suministro de equipamiento de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para la dotación tecnológica de los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la región». Lo cual significa la apertura de un plazo para presentar ofertas… Y la de Microsoft no tiene competencia, parece. Así es como Windows y Office regresan a las aulas extremeñas.
A este movimiento tan soslayado -se ha resuelto en pocas semanas, antes de pasar la vara de mando-, hay quien lo define como todo un caballo de Troya que Microsoft utilizará para meter cabeza en el sistema educativo regional, no solo por motivos económicos. La imagen es muy importante para la compañías estadounidense y casos como el de Extremadura o Múnich no le gustan nada.
La Consejería de Educación, pues, basó su decisión en una encuesta a 10.200 profesores «sobre el sistema que utilizaban para uso propio y que después trasladaban a las aulas». El resultado, un 17% del profesorado utilizaba software libre, un 40% Windows y un 33% OS X. En lugar realizar un informe técnico que justificase la adopción de una alternativa privativa, tal y como se exigía en la propuesta, con una encuesta ha sido suficiente.
Juan Pablo Pulido, jefe de servicio de tecnologías educativas en la Consejería de Educación extremeña del Gobierno saliente, no tiene dudas al respecto: «ha sido una decisión de la comunidad educativa; no quieren el OpenOffice porque no les sirve y lo que nos han pedido es el Office. Es que era un Linex con el que llevamos ya doce años y estaba obsoleto«, agrega. Aunque deja una puerta entreabierta: «sin embargo, en las escuelas, excepto aquellas que no hayan querido, se va a instalar un Linex con certificación Ubuntu, lo que nos garantizará cinco años de funcionamiento perfecto«.
Palabras las de Juan Pablo Pulido que contrastan de lleno con la visión de la situación de José L. Redrejo Rodríguez, profesor de secundaria en FP de Grado Superior, que unos días atrás publicaba una carta abierta en el diario.es. Según el profesor Redrejo, las grandes quejas no son tanto por el software, como por el material obsoleto del que disponen: su renovación sería más efectiva que la condena anual al pago de licencias de software.
Hoy debería conocerse el resultado del concurso, con la pelota ya en el tejado del nuevo Gobierno del PSOE.
